Los reparos del Gobierno central sobre distintos aspectos de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias no llegarán al Tribunal Constitucional. La Comunidad Autónoma y el Estado, reunidos en comisión bilateral, han alcanzado un acuerdo por el que consideran "solventadas" las discrepancias que el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy había planteado a uno de los proyectos normativos más ambiciosos -y controvertidos- impulsados por el gabinete de Fernando Clavijo.

Las diferencias entre ambas administraciones incluyen asuntos como los parques nacionales; la tramitación de instrumentos territoriales y urbanísticos como las directrices de ordenación, los planes insulares o los planes generales de ordenación de los municipios; los deslindes de bienes situados en dominio público o, incluso, algún "viejo conocido" de las discrepancias habituales de los dos gobiernos, como las competencia sobre el mar.