Más gasto e inversión, y rebajas fiscales moderadas y singularizadas, ejes de los presupuestos de 2018 que quieren consolidar la recuperación económica de Canarias  

Los Presupuestos de Canarias para este año 2018 elaborados por el Gobierno de Fernando Clavijo van a marcar el crecimiento de la economía de Canarias para este año . El pacto  alcanzado entre CC, el PP y ASG se concretó en la Cámara dando garantía al programa económico y fiscal para este año que ha contado con una abstención crítica pero inclusiva por parte del PSOE. En un marco de gran inestabilidad política en el conjunto del Estado  y de un horizonte incierto sobre las propias cuentas estatales para este año, cuyo proyecto está aún pendiente de presentarse en el Congreso, el Ejecutivo canario no ha dudado sin embargo en ofrecer el plan de acción que a su juicio debe acometerse en los próximos meses para consolidar la recuperación económica en las Islas y empezar a devolver a los ciudadanos parte del sacrificio que se les pidió durante los duros años de la crisis a través de bajar impuestos tal como prevén los presupuestos.

Estos Presupuestos de Clavijo son claramente expansivos por primera vez  en los últimos diez años, que alcanzan números récord tanto en cifra total (8.239 millones) como en porcentaje de crecimiento (12,9 %), y que presentan unas previsiones de gasto e inversión, con la consiguiente respuesta en la creación de empleo, y un plan de ajustes fiscales moderados y muy singularizados que los convierte significativamente en una herramienta de distribución de riqueza en las Islas. Estos presupuestos no abandonan el principio asumido por la consejera de Hacienda, Rosa Dávila y lograr la consolidación fiscal que exigen el Estado y la propia UE. Una senda que ha llevado a Canarias a ser la comunidad autónoma con mejor cumplimiento del control del déficit y menor endeudamiento pese a ser una de las peor financiadas. Pero a partir de esa situación de cuentas saneadas vitales para lograr una Canarias competitiva y solvente económica y financieramente, estos presupuestos presentan un claro salto cuantitativo y cualitativo en el ámbito social, de fomento del empleo y de rebajas fiscales para familias, jóvenes, autónomos y pymes, que otorga verosimilitud al lema con el que el Gobierno trata de ´vender´ su idea: "Hacia una Canarias más justa". Lema que se presenta con un estandarte llamativo: 8 de cada 10 euros del Presupuesto de 2018 se dedican a las personas.

En este año, se destinan 5.808 millones a los servicios públicos, con un crecimiento en este capítulo de 439,7 millones, de ellos 231,7 millones más para Sanidad, con especial énfasis en tratar de reducir las listas de espera; 104 para Educación, y 99,5 para políticas sociales. Se plantea además un incremento de la inversión productiva en más de 318 millones, un 45 % más que en las cuentas de 2017, para promover el crecimiento y generar más empleo. También hay más transferencias de capital para las corporaciones locales e insulares. Todo este incremento inversor supone ciertamente un espaldarazo al dinamismo de la economía canaria para mantener su crecimiento por encima de la estatal en los últimos años, y tratar de trasladar esta dinámica al empleo.

Se plantea un horizonte de crecimiento del 2,5 %  y un descenso del paro de un 2% hasta el 22,9 % del total del censo laboral de las islas. Algunas dinámicas y singularidades del mercado laboral impiden una mayor reducción del paro, pero hay elementos, como el reforzamiento de las inspecciones laborales y medidas contra el fraude fiscal por valor de 4,5 millones que acometen al menos en parte esos problemas. Una lectura territorial de las cuentas invita a pensar que el proyecto aplica un razonable equilibrio inversor entre las diferentes islas, aunque quizá no tan "preciso" como señala el Gobierno. Tenerife es la isla que lidera el gasto inversor y lo hace por tercer año consecutivo por encima de Gran Canaria en términos porcentuales (37,3 frente a 27 %, respectivamente), lo que ha llevado a ciertas críticas de dirigentes políticos y empresariales de Gran Canaria a no estar de acuerdo con estos presupuestos.   Los esfuerzos para garantizar el equilibrio inversor nunca son pocos y la vigilancia para que así sea siempre se tiene que extremar, pero no conviene tampoco reducir el análisis de la principal herramienta para hacer política económica con óptica regional a una suma y resta de los recursos en función de su destino insular, afirma la consejera de Hacienda Dávila  .

En materia fiscal, los Presupuestos , la incidencia en determinados sectores económicos y sociales, con una clara voluntad de que su moderado coste de 124 millones en total no descuadre el marco general. Se trata de una rebaja fiscal  hecha con cirugía menor, como dice la consejera, que por una parte incluye nueve deducciones del tramo autonómico del IRPF y reducciones del tipo del IGIC en ambos casos incorporando propuestas de la mayoría de los grupos políticos con los que ha negociado el Gobierno. En uno y otro caso los principales beneficiados son los jóvenes, las familias, personas con dificultades, los autónomos y pequeñas y medianas empresas, sectores para los que las medidas suponen un alivio y a los que se empieza a devolver lo que los recortes de años atrás les quitó. Son variados los ejemplos en que las rebajas fiscales alcanzan a sectores significativos de la sociedad canaria más necesitada, aunque destaquemos aquí por lo que tiene de innovadora, la llamada tasa rosa, por la que, a propuesta de Podemos, los productos de higiene femenina quedan exentos de pagar el IGIC. El Gobierno  en estos Presupuestos no entra en una dinámica de bajada generalizada de los impuestos, como le reclamaba Antona el presidente canario del PP con una propuesta que afecta al capítulo de ingresos en unos 400 millones de euros aproximadamente, por la rebaja lineal de dos puntos en los tipos de IGIC .

Sin embargo el capítulo de ingresos está pendiente que se aprueben  ya los Presupuestos del Estado para ese ejercicio y que en ellos se incluya la ficha financiera pactada entre Canarias y el Estado, con la correspondiente mayor financiación de servicios básicos por la exclusión de los recursos del REF del sistema de financiación, de unos 360 millones, y los derivados de las dotaciones para los diferentes convenios de infraestructuras y de empleo. Su incorporación a las cuentas de la Comunidad Autónoma  se haría mediante la aprobación de una ley de Crédito Extraordinario que se llevaría al Parlamento.